Con 40 votos a favor y 26 en contra, la Reforma Judicial obtuvo media sanción en el Senado

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El Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Reforma Judicial enviado por el presidente Alberto Fernández. La iniciativa se aprobó con 40 votos a favor y 26 en contra. Hubo seis  senadores ausentes, entre ellos Adolfo Rodríguez Saá, quien no participó por haberse quedado sin conexión a internet en su casa, según él mismo informó a la Cámara. El Frente de Todos logró la aprobación, además de con sus propios escaños, con el acompañamiento del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.

La sesión remota comenzó a las 14 horas. Transcurrió mientras un puñado de personas golpeaba sus cacerolas, tocaba bocina y cantaba el himno en las puertas del Congreso para protestar contra la iniciativa. Hubo 40 oradores en total. La titular del Senado, Cristina Fernández, estuvo en el recinto al comienzo del debate.

La miembro informante de la iniciativa fue la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Ángeles Sacnun. “El 10 de diciembre del año pasado el presidente Alberto Fernández manifestó que debíamos terminar con la mancha ominosa que un sector le ha provocado a la credibilidad de la institución judicial”. “Con esto quiero manifestar que la sociedad conocía perfectamente cuál era la intención del presidente en torno a impulsar una serie de leyes, entre las cuales esta es una primera ley. Seguramente requeriremos de otras para conformar una verdadera reforma judicial”, agregó Sacnun.

La senadora remarcó: “Hemos asistido a una oposición cerrada, que no pretendió generar ningún tipo de cambio en el proyecto que venía del Ejecutivo. Este no era un proyecto cerrado. Venía para ser debatido en este que es el poder más democrático de la Nación”.

Sacnun confirmó que se mantendrá la denominada “cláusula Parrilli” que permite a los jueces informar al Consejo de la Magistratura presiones de los medios de comunicación. “Entiendo que estaba incluida porque hablaba de poder político y económico a la hora de generar presión a los jueces. Es para salvaguardar los intereses de la sociedad y del Estado de derecho».

Sin embargo, cuando llegó su turno en el debate, el senador Oscar Parrilli aceptó modificar el artículo que permitía a los jueces denunciar presiones mediáticas. «Le sacamos la palabra mediático que tanto susto les daba». Y luego indicó: «Hay una presión mediática para incidir en la voluntad de los jueces». «Armaron una gran batahola por este tema-agregó el senador neuquino-. Lamento que haya senadores que se prendieron. Me parecen títeres de los medios de comunicación».

Del lado opositor, la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, sintetizó la línea argumental que luego reiterarían el resto de las figuras del principal bloque opositor. Continuó con el discurso que Cambiemos desplegó desde que la reforma llegó al Parlamento, el supuesto “plan de impunidad”. Expresó el “rechazo total, absoluto” a la iniciativa oficial y la calificó como “festival de cargos”.

La representante de Córdoba, que fue miembro informante por la oposición, agregó: “Es un proyecto que le pone mordaza a la justicia. Lo único que pretende es poner jueces interinos que van a estar colgados de un dintel del poder político, baja los estándares de calidad de los exámenes no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, crea subrogaciones inconstitucionales y un festival de cargos”.

Previo al inicio del debate, el Frente de Todos votó en contra de las designaciones de Mario Laporta, como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa. El oficialismo logró aprobar estos proyectos de resolución con el acompañamiento del senador rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Hubo 41 votos positivos frente 27 negativos de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal. Tanto Simoni como Laporta habían sido designados por decreto de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, sin pasar por votación en el recinto.

Los puntos centrales de la reforma.

•  Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•   El proyecto crea 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

•   Las causas en trámite conservarán a sus jueces naturales y las que se inicien irán a los 23 nuevos juzgados, que serán cubiertos por subrogantes.

•    La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado de subrogantes y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura.

•     Se establece un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

•     Se transfieren la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

•     Serán creados 5 Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

•     La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

•     Sorteos de causas: deberán ser grabados mediante medios técnicos.

•     Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.

•     En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismos de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad. •     En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismos de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Tiempo Argentino.com